La segunda teniente de alcalde y edil de Presidencia, África Colomo, y el de Control de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, han pedido hoy responsabilidad a la oposición, en particular al PP, a la hora de confundir con las cifras del acuerdo alcanzado con Herederos de José Castillo para poner fin definitivamente a la prestación del servicio por parte de esta empresa. Ambos han dejado claro que la indemnización que el Ayuntamiento abonará es de 3,8 millones de euros y no de 8 como el PP ha intentado “inocular” en la opinión pública.
“Se han levantado algunas voces interesadas, especialmente de artillería política de quienes no defendieron el interés general cuando pudieron” ha dicho Colomo. “Si el PP si en 2005 el PP, en lugar de prorrogar el acuerdo con una empresa incapaz, antiprogreso y evidentemente antitranvía hubiera decidido sacar el contrato a licitación, ¿estaríamos hablando de este acuerdo?”. La edil recuerda además que, con nulidad del contrato o sin ella en los tribunales, la firma de la prórroga “por un alcalde del PP, que no de PSOE ni de C,s” conllevaba abonar a la empresa una indemnización por unos derechos generados en este tiempo.
Colomo ha mostrado la foto del brindis electoral por la victoria del PP en 2011, con la presencia de Castillo en este acto y ha señalado que esa instantánea “ha costado 8 millones de euros a la ciudad, los 3,8 del acuerdo para que la empresa se vaya definitivamente y los 4 que costará la puesta en marcha del tranvía que paralizaron ambos en connivencia “y que en esa época funcionaba y estaba a estrenar”.
La edil ha reiterado que el equipo de Gobierno no desiste de la vía judicial en caso de que el pleno no rubrique el próximo viernes este acuerdo, pero recuerda que esta vía “de la que estamos plenamente convencidos de que nos daría la razón en la línea en la que ya lo han hecho el Consejo Consultivo y el juzgado en primera instancia sería más larga en el tiempo, no permitiría desarrollar la hoja de ruta en el nuevo servicio, además de que no garantiza en ningún caso que los costes legales y la indemnización de este proceso fueran incluso mayores que el acuerdo al que se ha llegado.
No obstante, la edil ha precisado que el PP tiene ante sí y con su voto en pleno la responsabilidad que le da las consecuencias de los actos derivados de su gestión en anteriores mandatos y de priorizar el interés político y económico de unos pocos por encima del general. “¿Quieren que la sombra de Castillo siga planeando sobre Jaén, cerrar en falso este capítulo oscuro de la historia de la peor gestión de un servicio público en la ciudad? ¿Quieren seguir apostando por entorpecer el trabajo de control y limpieza que este equipo de Gobierno intenta tras años de descontrol a todos los niveles?”, remarca.
En este sentido, el edil de Control de Servicios Municipales, Francisco Lechuga, ha mostrado su “enfado” y “tristeza” por la manipulación de las cifras que se ha hecho. “El Ayuntamiento solo abona 3,8 millones, recibe además libre de cargas los bienes que le corresponden de todos estos años y los pone al servicio de la nueva empresa para que utilice en la medida de sus posibilidades”. Junto a ello ha recordado que parte de este dinero irá destinado y explícitamente se ha incluido en una cláusula, a pagar los atrasos pendientes a los trabajadores que es de unos 200.000 euros, equivalente a dos nóminas. “Ustedes no lo saben, pero han vivido situaciones muy complejas”. Así las cosas ha recordado que solo tenían situación estable unos 15 y que la nueva empresa, ALSA, pudiendo subrogarse solamente en esa cifra como marca la ley ha ido más allá y se ha hecho cargo de unos 60 empleados. Ambos ediles han aclarado también que la subvención del Ministerio de Fomento por 1,5 millones de euros no procede del Ayuntamiento y es una cantidad que cobrarán las empresas de transporte por bus de las distintas ciudades de España como compensación por las limitaciones en el transporte durante la pandemia.
“Hemos considerado llegar a este acuerdo y esperamos que los grupos municipales lo secunden porque permite a Jaén avanzar. No hay obstáculos ni pleitos largos que pueden heredar corporaciones futuras o que sobrevuelen el proceso de licitación por 10 años que vendrá tras este contrato puente. Todas las piedras están quitadas”, ha dicho Lechuga. “Creo que la actitud responsable sería la de permitir que por fin la gente de Jaén disfrute de un servicio de calidad y que la nueva empresa pueda poner en marcha las mejoras que ha rubricado en el contrato”, detalla. En este sentido, ha anunciado que se pondrán en marcha en el plazo de un mes la app con el seguimiento de los autobuses y los paneles informativos digitales en paradas. A continuación vendrán nuevas líneas y servicios. “El objetivo es pasar de 4 millones de viajeros que había antes de la pandemia, una cifra en vertiginoso descenso, a los 5 o 6 en el corto y medio plazo y estoy convencido de que lo conseguiremos y eso como mejor se hace es generando la mayor tranquilidad posible”, ha manifestado.