La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, acompañada del delegado territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jesús Estrella, ha abordado esta mañana las ventajas de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA), junto a empresarios y representantes de colegios profesionales vinculados al sector de la construcción y al urbanismo. Maribel Lozano les ha trasladado las previsiones del Ejecutivo andaluz respecto a esta nueva normativa que “será un revulsivo para la dinamización económica de los municipios jiennenses y un instrumento para facilitar la captación de inversiones privadas, lo que redundará a su vez en más riqueza y empleo en la provincia”. En palabras de la delegada del Gobierno, el nuevo instrumento normativo que la Junta prevé someter a trámite parlamentario “respetará la identidad de nuestros municipios y frenará la despoblación con un apropiado desarrollo urbanístico, que es algo que nos piden nuestros alcaldes cuando los visitamos”.

 

El encuentro ha tenido lugar en la sala de juntas de la Delegación del Gobierno y ha contado con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres; el presidente y el secretario general de la Asociación de Constructores, Francisco Chamorro Ortega y José Ángel Mesa, respectivamente; el decano del Colegio de Arquitectos, Pedro Esteban Cámara Ramos; el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, José Miguel de la Torre Peinado, y el representante en Jaén del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ramón Luis Carpena Morales.

 

Según ha detallado la delegada del Gobierno, “se trata de un proyecto de ley moderno que pretende acabar con el caos en la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las intervenciones”. De este modo, la nueva norma supone el aumento de la protección de los recursos naturales, del paisaje y del patrimonio histórico.

 

Otro de los aspectos destacados por Maribel Lozano durante el encuentro ha sido la “agilidad” y “seguridad jurídica” que aporta a los ayuntamientos. Así, la LISTA establece un marco de seguridad jurídica para que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) no tengan que volver a la casilla de salida por decisión judicial. Además, impulsa el papel de la iniciativa privada en la gestión y ejecución de planes, eliminando trabas innecesarias. “No se trata de desregularizar, sino de flexibilizar con reglas sencillas adaptadas a la realidad actual, que sean fáciles de entender y de aplicar”, ha explicado la responsable de la Junta de Andalucía en la provincia.

 

Maribel Lozano ha recordado a los representantes de empresarios y colegios profesionales vinculados al urbanismo que solo alrededor de 20 municipios de Jaén tienen actualmente el PGOU aprobado. “Esta situación se pretende cambiar con la LISTA favoreciendo la aprobación de estas normas de planeamiento urbanístico que son el auténtico elemento de desarrollo económico y social de un municipio” ha asegurado la delegada, estimando que 70 municipios jiennenses y la capital se podrían beneficiar de este “motor de desarrollo”, pasando de una media de diez años de tramitación a dos.

 

La LISTA derogará dos leyes, dos decretos ley y dos decretos, lo que facilitará el impulso de proyectos y la inversión. “Un promotor con un proyecto que genere empleo en la provincia de Jaén no tendrá que sortear 235 textos legales como debe hacer ahora”, ha explicado la máxima representante del Ejecutivo andaluz en Jaén.

 

“Estamos convencidos de que se trata de una norma que contribuirá a la recuperación económica de Jaén porque facilitará la creación de empleo, aliviará de cargas innecesarias a empresas y particulares con trámites más ágiles”, ha añadido Maribel Lozano. La norma impulsa un modelo de planeamiento adecuado al tamaño de los municipios y una disciplina urbanística que regula con claridad cuáles son las competencias de los ayuntamientos y cuáles son de la Junta de Andalucía, además de conciliar la seguridad jurídica con la simplificación de trámites.